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En la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos lideró una reunión de alto nivel para hacerle seguimiento al paro camionero que ya lleva más de un mes y que, por los desmanes registrados en las diferentes carreteras del país, ha generado la preocupación –con razón- por parte el Gobierno Nacional.
El fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo, entregó las primeras conclusiones de ese balance que parece bastante desalentador si se tiene en cuenta que, como él mismo lo advirtió, quienes están liderando el paro no solo estarían delinquiendo de forma grave sino que estarían, además, vinculados con el llamado ‘Cartel de la Chatarrización’.
Perdomo anunció las primeras medidas desde el ente acusador para contrarrestar los efectos del paro camionero.
“En este paro, nos damos cuenta de que no se está apoyando los intereses de transportadores, sino que hay empresas que persiguen intereses privados. Di la instrucción de que a partir de mañana se decomisen todas las tractomulas que estén bloqueando las carreteras, porque el bloqueo de carreteras de forma violenta es un delito y al ser utilizada la tractomula o el camión para cometer ese delito es claro que pueden ser objeto de decomiso”, advirtió el fiscal, apenas horas después de ocurrido el accidente del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.
Perdomo señaló que para la Fiscalía es claro que el paro ya pasó de ‘castaño a oscuro’, al destacar que no se ha tratado de una protesta pacífica ni social, sino una manifestación con claros actos de ilegalidad.
“Estamos investigando 6 líderes nacionales y 15 regionales que sabemos que son los están azuzando a la gente a cometer estos delitos. Algunos de ellos se encuentran gravemente cuestionados por presuntas irregularidades en uno de los temas que están tratando en la negociación que es la chatarrización. Nosotros tenemos evidencia de que algunas de las personas que están participando como líderes en esta negociación, presuntamente habrían participado de lo que se denomina El cartel de la chatarrización”, dijo el fiscal encargado.
Aseguró que el peso de la ley será contundente, con los métodos de la judicialización que tiene lista la Fiscalía para enfrentar a quienes estarían delinquiendo, afirmando que no va a permitir que se “siga secuestrando al país”.
