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La Procuraduría General de la Nación suspendió, por el término de tres meses, al alcalde del municipio de Tierralta (Córdoba), Fabio Leonardo Otero Avilez, dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra por la falta de control al orden público, que llevó al asesinato de la líder social María de Pilar Hurtado.
Según la Procuraduría, se presentaron varias fallas en el control de orden público que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes, que habrían terminado en el homicidio de Hurtado el pasado viernes 21 de junio frente a uno de sus hijos.
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La medida de suspensión que tomó el Ministerio Público busca evitar algún tipo de interferencia por parte de alcalde en el desarrollo de la investigación.
“Ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración, presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los predios invadidos que sería de propiedad de su padre”, señala la Procuraduría.
Como pruebas contra el alcalde de Tierralta están las órdenes que habría impartido en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de mayo, en las que habría dado instrucciones precisas a la Policía para la recuperación del predio de su familia.
Además, las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados en la región y las denuncias de Hurtado, sobre amenazas contra su vida.
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Por este caso también es investigado el secretario de Gobierno de Tierralta, Willington Ortiz Naranjo.
El grupo élite liderado por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo revisan con lupa todas las alertas tempranas emitidas por esta última entidad, sobre la presencia de las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia o paramilitare en el departamento
Varias de esas alertas fueron emitidas el año pasado. Para la Defensoría del Pueblo, las regiones más preocupantes son San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta.
