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El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, afirmó que tras el plan de choque que se adelanta en la Costa Caribe para mejorar el servicio de energía por parte de Electricaribe, se han evidenciado algunos casos de abusos contra los usuarios en esta región del país.
"Hemos evidenciado que a los usuarios les estaban cobrando por un fraude que no habían cometido o les estaban cobrando por promedio cuando tenían un medidor que funcionaba adecuadamente, o les estaban incluyendo en la factura algunos asuntos que no correspondían, cosas que la Superintendencia puede resolver rápidamente para aliviar un poco el sufrimiento de los usuarios", indicó Mendoza.
De acuerdo, al funcionario, “Para nadie es un secreto que el servicio de energía que presta Electricaribe sólo podrá mejorar definitivamente cuando se hagan las inversiones requeridas para recomponer su deteriorada red de distribución. La intervención de la compañía fue apenas el primer paso en el camino que nos llevará a resolver este complejo problema. Mientras se cumplen las diferentes etapas de la intervención, la Superintendencia de Servicios Públicos ha diseñado un plan de choque para aliviar el sufrimiento de los Costeños”.
Además, Mendoza dijo que la próxima semana entregará un balance de esta primera fase del plan que tuvo como epicentro la ciudad de Barranquilla. Sostuvo que luego de aplicar este plan de choque en la capital Atlántico, el organismo hará lo propio en otras ciudades como Montería, Sincelejo, Santa Marta y Cartagena.
Dicho plan de choque se adelanta en los 1.206 barrios de las siete capitales de la región. El recorrido inició con visitas a más de 60.000 predios en la totalidad de las localidades de la ciudad de Barranquilla, entre los meses de agosto y septiembre de 2017.
-Escándalo-
De acuerdo con informe preparado por la Dirección Técnica de Energía de la Superintendencia de Servicios Públicos, las investigaciones adelantadas por la entidad coinciden con los hallazgos revelados por la Contraloría en cuanto a la posible aplicación indebida de subsidios provenientes del Fondo de Energía Social (Foes) por parte de Electricaribe, en detrimento de alrededor de 600.000 usuarios de escasos recursos.
Adicional, la Superintendencia de Servicios Públicos encontró indicios de que esta conducta, presuntamente ilegal, podría haber estado ocurriendo desde al menos el año 2012.
Por este motivo, el pasado 17 de julio la Superintendencia notificó a Electricaribe acerca de la apertura de investigación por el uso indebido de subsidios Foes, aplicados en el periodo comprendido entre octubre de 2012 y diciembre de 2016.
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