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Según el Superintendente, una de las hipótesis es que si este teléfono móvil explotó es porque eventualmente tiene un problema de fabricación en ese específico modelo.
Robledo aseguró que si se llega a establecer que el accidente fue por cuenta de un error de fabricación, el empresario está obligado a sacar el celular del mercado a través de una campaña de "recall" que será apoyada por la Superindustria.
Igualmente, señaló que si se logra evidenciar que el empresario sabía del error de fabricación y lo ocultó, este se someterá a drásticas sanciones que pueden ir desde multas de $1800 millones de pesos hasta la prohibición de ejercer la actividad comercial por determinado tiempo.
La Superindustria recordó que las empresas son responsables de colocar productos seguros en el mercado y velar por la seguridad de sus consumidores.
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