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En la mañana de este domingo se presentó en la cárcel del municipio de SanGil (Santander) una riña que terminó con siete internos heridos.
El reporte de las autoridades confirmó que resultaron con heridas leves en algunas partes de su cuerpo, pero no presentan fuertes afectaciones en su salud.
“Fueron siete los internos que resultaron heridos a causa de unos disturbios y riña que se presentó en uno de los pabellones de la cárcel. Las víctimas fueron examinadas por personal médico, que reportó que las heridas son leves”, indicaron las autoridades en Santander.
Por este motivo se confirmó que fueron suspendidas las visitas en el centro carcelario del municipio de San Gil.
“Todos los domingos los internos tienen derecho a recibir visitas de sus familiares y amigos pero por la situación de alteración que se presentó al interior del centro carcelario se tomó la decisión de suspender las visitas para el día de hoy”, señalaron las autoridades del penal
Igualmente las autoridades en Santander confirmaron que pese a que se presentaron estos disturbios y la riña dejó siete internos con heridas leves, la situación al interior del centro carcelario en el municipio de San Gil se encuentra controlada.
Por ahora, se conoció que se adelantan las investigaciones para esclarecer el origen de la riña al interior de la cárcel, mientras se llevan a cabo estrategias para minimizar el hacinamiento en el que se encuentran los centros carcelarios del departamento de Santander.
Preocupación
De acuerdo con el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, los recursos con los que cuentan las entidades territoriales para atender la situación en las cárceles del país, una de las funciones bajo su responsabilidad, “son exiguos”.
Las cifras reveladas por el Ministerio de Justicia indican que “115.383 internos que hay en las cárceles del país deben acomodarse en espacios originalmente reservados para 79.211 reclusos, de acuerdo con las estadísticas más recientes”.
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Un estudio hecho por la Federación Nacional, con base en cifras del Gobierno, aún en proceso de consolidación, señaló que “reducir ese hacinamiento a un límite razonable del 10 por ciento demandaría inversiones cercanas a los ocho billones de pesos”.
Entretanto, en los departamentos y municipios que tienen a cargo aquellos centros de reclusión provisional reservados para personas contra las que la justicia penal ha decretado medidas de aseguramiento intramural, el hacinamiento llega en algunos casos al 20 por ciento.
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