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"Lo que viene es un debate jurídico muy largo, ya que el Estado sigue siendo el propietario del subsuelo colombiano, independientemente de las consultas, esa es una realidad, por lo tanto acá vamos a caminar en una línea delgada muy difícil que es entre los dueños del suelo y el subsuelo", expresó.
Para el directivo, "si bien el mandato popular le da la orden al mandatario regional para hacer cumplir esta decisión, las autoridades nacionales son las que en últimas tienen el poder al ser dueñas del subsuelo; allí está el pulso jurídico que debe ser resuelto", afirmó.
Indicó por tanto que el escenario competente para esta disputa es el Congreso de la República, "ya que se necesita una ley que marque los derroteros entre estas dos competencias y que se deje claro cuál de las dos partes tiene la razón".
Ángel insistió en que estas decisiones terminan por afectar la inversión extranjera y provocan una mayor inestabilidad jurídica.
Recordó además que en el país, más del 80% de la actividad de extracción del oro, (mineral que a futuro se iba a explotar en Cajamarca), se hace de forma ilícita.
"Esa es de las principales preocupaciones que tenemos actualmente, ya que nuestras cifras señalan que el 85% de la extracción del mineral se hace por medios ilícitos", afirmó.
Resultado
Escrutadas el 100 % de las 18 mesas instaladas, 6.165 habitantes del municipio de Cajamarca le dijeron ‘no’ al desarrollo de proyectos mineros en esa población.
En total 6.296 personas de 16.312 que integraban el censo electoral acudieron a las urnas, según el último boletín entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los votos por el sí llegaron a 76 mientras que se reportaron 14 votos nulos y 41 tarjetas no marcadas.
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