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Sector energético defiende el cronograma del llenado de HidroItuango

Ante el pedido de eurodiputados para aplazar el proceso, mientras se exhuman cuerpos de víctimas de la violencia.

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Actualizado:
Viernes, Abril 27, 2018 - 06:33
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Hidroituango / EPM

El sector energético mostró su preocupación por el pedido de 25 eurodiputados del Parlamento Europeo quienes solicitaron un aplazamiento en el llenado del embalse de HidroItuango, mientras se concluye con el proceso de exhumación de cuerpos de víctimas del conflicto armado.

En una comunicación oficial, gremios como Acolgen, Asocodis, Andeg y Andesco, manifestaron que "una demora en el cronograma, especialmente en lo concerniente al llenado del embalse, tiene implicaciones importantes para lograr el propósito de garantía de abastecimiento de energía eléctrica".

Los gremios del sector energético recordaron que este proyecto hidroelectrico, debe atender parte de la demanda nacional hasta 2038.

Indicaron que HidroItuango "tendrá una capacidad total instalada de 2.400 MW equivalente al 14% de la capacidad total instalada hoy en el país. Y cuando esté en total operación podrá generar anualmente alrededor del 20% de la energía eléctrica que actualmente consume el país".

Los gremios además manifestaron que la declaración de algunos miembros del Parlamento Europeo, "corresponde a una declaración personal de 25 miembros de dicha institución y que no es una declaración oficial".

Asi mismo, señalaron que el proyecto hidroeléctrico Ituango, que actualmente está en proceso de construcción, "lo lleva adelantando EPM con toda diligencia", dentro de los cronogramas previstos, y siguiendo la normativa vigente.

El fin de semana pasado se conoció que algunos miembros del Parlamento Europeo, solicitaron tomar medidas para impedir el llenado previsto del embalse de la central hidroeléctrica de Ituango – HidroItuango, para no afectar el proceso de exhumación de unas fosas comunes que estarían cerca al proyecto.

La carta iba dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a la empresa EPM.