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El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, reveló que fue un alto funcionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien recibió los 6.5 millones de dólares como pago de sobornos de la firma constructora Odebrecht.
"El Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió 6.5 millones de dólares en desarrollo de una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración del Gobierno Uribe", dijo Enciso.
El secretario de la Presidencia se abstuvo de revelar el nombre del alto funcionario implicado en este caso para no afectar el curso de las investigaciones que adelanta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General.
Asimismo, sostuvo que el Gobierno rechaza de manera categórica esos hechos y pide a la justicia actuar con la mayor dureza en contra de cualquier servidor público que en cualquier momento hubiese consentido, facilitado o encubierto actos de corrupción.
"Esperamos que los involucrados en cualquier episodio de corrupción le den la cara al país y a la justicia, y no recurran al sofisma de distracción de la persecución política para evadir las consecuencias de sus conductas".
De igual forma, calificó de tendenciosas las declaraciones del senador Álvaro Uribe quien cuestionó una reunión sostenida por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el Presidente de Odebrecht, en Panamá.
Enciso señaló que en ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcello Odebrecht o su compañía hubiesen participado en actos de corrupción en Colombia u otros países.
"Esa reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015 en el marco de la Cumbre de las Américas, en desarrollo de una serie de encuentros del Señor Presidente con empresarios, las cuales incluyeron al Presidente de Coca-Cola y otros, algo necesario para el país y absolutamente normal, en este tipo de escenarios", indicó Enciso.
También recordó que en esa reunión participaron la Canciller, la Ministra de Comercio, la directora de Procolombia, el Secretario Privado del Presidente y otros funcionarios.
De otra parte, pidió a los organismos de control y a la Fiscalía General actuar con el mayor rigor, celeridad y determinación en las investigaciones relacionadas con los proyectos de Reficar y Bioenergy y, especialmente, en la identificación del origen de los problemas, presuntos fraudes y sobrecostos de los mismos.
