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El pronunciamiento de la FLIP
Los casos.
A finales de octubre de 2015, la FLIP alertó sobre un posible bloqueo a las páginas de LA F.m. y Caracol Radio en la red de la Policía. Después de esta denuncia, tanto Vicky Dávila como Claudia Morales empezaron a recibir información a través de correos electrónicos anónimos donde se planteaba que miembros de la Policía habían ordenado el seguimiento e interceptación de sus comunicaciones privadas.
En los primeros correos se alertaba sobre el hecho de estar siendo vigiladas, pero a partir del 28 de noviembre proporcionaban información muy concreta que demuestra monitoreo a su actividad periodística y personal. La documentación incluye el registro de conversaciones telefónicas, reuniones privadas, desplazamientos suyos y de sus familiares, incluyendo menores de edad.
El autor de los correos anónimos dice ser un policía y señala altos mandos de esta institución como líderes de la operación para interceptarlas. Se trata de alguien dentro de la Policía con acceso a información privilegiada, pues poco después de que Claudia Morales se reuniera con el general Palomino para informar de los anónimos, recibió un correo reprochándole por esta reunión. Además, el anónimo señaló los vehículos desde los cuáles presuntamente se estarían realizando los seguimientos, vehículos que efectivamente pertenecen a la Policía Nacional.
Sumado a lo anterior, el periodista Juan Pablo Barrientos de LA F.m. fue víctima de un ataque informático el pasado 19 de noviembre. Barrientos trabajaba en su computador personal en un texto con información sensible sobre la Policía Nacional. Juan Pablo notó que alguien tomó control remoto de su computador y hubo alteraciones a la información que estaba trabajando.
Por último, miembros del equipo periodístico de LA F.m. han reportado que notan seguimientos extraños en sus desplazamientos cotidianos. La FLIP ha recibido información sobre otros periodistas que podrían estar siendo vigilados.
Vigilancia estatal sin control
Estos hechos no deben valorarse de manera aislada, es la constatación de un riesgo sobre el cual hemos alertado en el pasado: la ausencia de controles a las actividades de inteligencia en Colombia y las garantías al periodismo. Es importante que tanto el general Palomino como el fiscal Montealegre inicien investigaciones y manifiesten su rechazo. Sin embargo, esto no debe minimizar el hecho de que la capacidad de iniciar y mantener actividades de inteligencia está a cargo de las mismas entidades que ellos lideran.
Siendo advertida la Policía -hace más de un mes- de ésta situación, sorprende que las actividades de espionaje en lugar de parar se agudicen sin que se esclarezcan responsabilidades. Si bien no hay información para confirmar que exista una orden del general Palomino para vigilar periodistas, sí es claro que no hay controles internos efectivos y esto genera algún grado de responsabilidad. En Colombia se conoce de al menostres plataformas a través de las cuales Fiscalía y Policía tienen capacidad de interceptación de comunicaciones. Dos de ellas, PUMA y SIGD, han implicado retrocesos en garantías a la libertad de expresión.
Según Freedom House, Colombia pasó de tener un internet libre en 2014 a ser parcialmente libre en 2015 por la existencia de PUMA. Por su parte, una rigurosa investigación de la ONG Privacy International sobre Colombia reveló que el SIGD (Sistema Integrado de Grabación Digital) es una herramienta sofisticada operada por inteligencia de la Policía colombiana. Una tecnología carente de mandato legal y sin controles adecuados para la dimensión de su capacidad invasiva.
Tampoco se puede desconocer las revelaciones sobre la compra por parte de la Policía colombiana del Software DaVinci a la cuestionada empresa italiana “Hacking Team”. En un escándalo que la Policía quiso derivar en sus proveedores se constató que fue una herramienta que efectivamente se usó desde la Policía.
La FLIP exige a las autoridades de inteligencia o con capacidad de intervenir comunicaciones cesar cualquier tipo de espionaje en las comunicaciones de periodistas y recuerda que hacerlo es inconstitucional, viola la libertad de prensa, el derecho a la intimidad y el fuero de reserva a fuentes periodísticas.
La FLIP convoca a los periodistas y medios a tomar muy en serio medidas de autoprotección digital, para lo cual ofrecemos esta guía y nos ponemos a disposición para consultas específicas sobre protocolos de seguridad. La FLIP espera que las investigaciones anunciadas arrojen resultados pronto, entre más se prolongue el esclarecimiento quedará en mayor evidencia la ausencia de controles a la capacidad de vigilancia en Colombia.
Por último, la FLIP invita a los organismos de control, Defensoría, Procuraduría y la Comisión Legal de Inteligencia para que exijan a la Policía un informe detallado sobre el alcance de la capacidad de inteligencia y los controles previstos para evitar/sancionar abusos de manera oportuna.
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