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Durante la posesión de un nuevo consejero de Estado, en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos aprovechó su discurso para enviar una serie de mensajes al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, procesado en el Senado de la República por el caso ‘Fidupetrol’.
Sobre Pretelt, cuestionó que haya salido en los diferentes medios de comunicación a afirmar que detrás de las investigaciones que avanzan en el Congreso y que podrían derivar en la destitución de su cargo, estaría el propio Gobierno Nacional y que esta tiene un ‘origen político’.
“Es una moda que ha hecho carrera cuando cualquier funcionario es llamado a rendir cuentas. Se declaran perseguidos políticos. No hemos hecho nada para que esta decisión se tome en cualquier sentido. Lo único que hemos dicho es que hay que cumplir con el deber”, dijo el jefe de Estado, quien ha hecho varios llamados al Congreso para que avance ese proceso, independientemente de la decisión con repercusiones penales en la Corte Suprema de Justicia.
“Mi llamado a los senadores es a que asistan y voten. A que no eludan su responsabilidad y le demuestren al país que las instituciones funcionan. Eso es bueno para la democracia, para la justicia y para el doctor Pretelt”, reafirmó el presidente Santos.
La ‘puya’ contra el procurador Ordóñez
El presidente Santos recordó que en el Consejo de Estado cursa el estudio de una demanda en contra de la reelección del procurador general, Alejandro Ordóñez, y resaltó que no es de particular interés del Gobierno que se falle a favor o en contra, “pero es muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición”, dijo el presidente.
Al hacer referencia a los diferentes recursos que ha interpuesto Ordóñez en contra de varias decisiones que sobre el asunto ha tomado el Consejo de Estado, dijo Santos que “es muy mal mensaje que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo”.
En ese sentido, el llamado al alto tribunal fue el de dar pruebas de eficacia y de agilidad y demostrar que a los altos funcionarios del Estado se les juzga con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común.
