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Al concluir el encuentro entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, en el que se analizó el avance de la implementación de los diálogos de paz, el presidente Juan Manuel Santos hizo una convocatoria para la reconciliación contra la violencia.
De igual forma, el primer mandatario destacó que el 15 de enero posesionará a los magistrados de la JEP, para que puedan iniciar sus labores "lo más pronto posible".
Cabe anotar que después de que el Congreso de la República aprobara la ley de la JEP, solo falta que la Corte Constitucional la avale para que así entre a operar este modelo de justicia transicional. Sin embargo, no hay ninguna prohibición para que el presidente posesione a los nuevos magistrados.
“Antes del 15 de enero voy a posesionar a los magistrados de la JEP para que puedan iniciar sus labores lo más pronto posible”, anunció el presidente desde Cartagena.
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Además, el primer mandatario colombiano dijo que “la protección de todos los líderes sociales es nuestra primera prioridad”, por lo que se les dio una instrucción a los gobernadores y alcaldes para que prioricen la protección de este grupo.
Por otro lado, Santos destacó que a pesar de los obstáculos e inconvenientes que ha tenido la implementación de los acuerdos, se han logrado significativos avances en el primer año que han permitido bajar los índices de violencia.
Este es el documento oficial del balance hecho por el Gobierno Nacional:
De otro lado, las Farc aseguran aseguraron que el acuerdo de paz traviesa por un momento difícil y que se hace necesario aumentar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de lo firmado con el Gobierno.
Las Farc han manifestado, mediante una misiva, su preocupación por los “momentos difíciles”que atraviesa el acuerdo de paz, firmado entre esa organización y el Gobierno Nacional.
El naciente grupo político manifestó, a través de un documento, que aspectos como la no aprobación de las curules de paz, como el hundimiento de la Reforma Política, se convierten en escenarios que ponen en riesgo el acuerdo.
“La jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes. La Reforma Política se hundió en el convulso mar de la politiquería. No mejor suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz”, expresó la organización.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) señaló además que con la no reforma a la Ley 152, se compromete el plan marco de implementación del acuerdo, al tiempo que deja en incertidumbre las inversiones a que se comprometió el Estado para impulsar los proyectos productivos en las zonas donde se concentran los exguerrilleros, hecho que se le suma a que todavía no despega la titulación de tierras.
“Nos preocupa la falta de estrategia de reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito. Creemos que se necesitan esfuerzos a mayor escala, incluso proporcionando tierras para proyectos productivos”, apuntó el movimiento político.
Así mismo, el grupo político dio a conocer su preocupación por las acciones, en materia de vulneración de Derechos Humanos que se han registrado contra excombatientes y líderes sociales, haciendo referencia a los hechos que se presentaron en Tumaco (Nariño) y Cauca; asegurando que “en este ambiente, sentimos que los acuerdos de paz de La Habana no han tenido un compromiso del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto de la institucionalidad”.
Las Farc también hacen una fuerte crítica al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien señalan que ha actuado como “jefe de bancada de Cambio Radical en el Congreso para conseguir la mayoría de las modificaciones operadas en la JEP”, donde las decisiones que a partir de la postura del ente acusador ha ido en perjuicio del hoy grupo político.
“La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de las normas necesarias para otorgar tratamiento de renuncia a la acción penal a mujeres en situación de exclusión social, con cargas familiares, condenadas por pequeños delitos relacionados con el narcotráfico sin carácter violento. Estos tratamientos penales especiales son recomendación de la OEA y así se acordaron en La Habana”, indicó.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común agregó que “La Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Especial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal manifestó que estaba de acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la Unidad Especial, eran necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando su realización”.
Por último, las Farc manifiestan que pese a los obstáculos que se han presentado en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, se mantienen firmes en lo que se negoció y que de lado de esa organización, se dará cumplimiento a lo acordado y que permitió ponerle fin a más de 50 años de conflicto en Colombia.
