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Ante la anterior situación, las autoridades han incrementado los operativos en establecimientos comerciales, donde aseguran, se están contratando empleados del vecino país que no tienen su documentación al día.
Ariel Rojas, alcalde de San Gil, indicó que recientemente tres mujeres fueron dejadas a disposición de las autoridades e hizo un llamado de atención al sector hotelero y comercial para exigir documentación legal para ejercer algún trabajo.
"Le hemos solicitado a la Policía Nacional, a Migración Colombia, hacer operativos permanentes en los establecimientos, particularmente en establecimientos nocturnos, para evitar la masificación de la prostitución", agregó Rojas.
El mandatario local advirtió que si en un establecimiento comercial ha contratado a alguien de Venezuela de manera ilegal, podría ser sancionado con 12 millones de pesos por parte de las autoridades.
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