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Nueve segundos tardan las chaquetas rojas en resguardar el cuerpo que yace acribillado en el piso. Una munición “bean bang” -bolsa que contiene múltiples perdigones- perforó su cabeza. “¡Sin violencia!”, ruegan los manifestantes al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), al tiempo que los individuos de chaquetas rojas intentan estabilizar a Dilan Cruz mediante primeros auxilios.
Tres días después, Dilan muere. La causa: “Trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo", según la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García.
Las escenas de civiles heridos en el marco de las protestas que se viven en Colombia desde el pasado 21 de noviembre son replicadas, desde múltiples ángulos, por los medios nacionales e internacionales. Las cámaras de los noticieros o los celulares de los transeúntes captan las imágenes de, por ejemplo, una joven doblegada por una patada en la cara o de un estudiante con el ojo sangrante a la espera de ayuda.
Dicho auxilio es prestado, de manera casi inmediata, por grupos como la Defensa Civil, la Brigada de Salud (estudiantes voluntarios de universidades públicas y privadas) y los Gestores de Convivencia.
Este último es un equipo coordinado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá que trabaja desde hace 11 años en la capital colombiana como mediador entre las autoridades y los asistentes de las marchas. Su fin: garantizar el derecho a la libre protesta y prevenir cualquier tipo de alteración.
Desde el Colegio Camilo Torres, en el centro bogotano, donde víctimas del conflicto armado debaten sobre el porvenir del paro, la coordinadora operativa de Gestores de Convivencia, Luz Stella Amaya, explica que el trabajo de las 150 personas que componen su equipo se ha redoblado debido a las masivas convocatorias organizadas por diferentes grupos de la sociedad civil.
En 140 movilizaciones durante los últimos 12 días, los gestores han recorrido más de 500 kilómetros de las calles de la ciudad con el objetivo de contener cualquier agitación que impida ejercer los derechos de los manifestantes.
Esta vez exigen, entre otras cosas, la implementación integral y sin condicionamientos del acuerdo de paz; la aprobación definitiva en el Congreso de lo contenido en la consulta anticorrupción del 2018; dar cumplimiento a los pactos alcanzados tanto con estudiantes como con profesores en las anteriores protestas; frenar una reforma tributaria que consideran regresiva; garantizar un sistema de salud de calidad y que se proteja el medio ambiente.
Para formar el bloque de Gestores de Convivencia -explica Amaya- se alinearon representantes de sectores como los estudiantiles, los grupos barriales, miembros de la población LGBTI e indígenas. "Personas que sean capaces de ‘interlocutar’ y respondan a la protección de los derechos humanos. A los chicos que ingresan a nuestro equipo los capacitamos en primeros auxilios, en evacuación de aglomeraciones y en uso de extintores”.
Las facultades aprendidas durante largas jornadas teóricas, en el terreno son ejecutadas en breves segundos. En la selva de cemento los gestores son una escasa especie. De pedagogos de advertencia pasan a ser médicos de trinchera protegidos por nada -una gorra roja y su característica chaqueta del mismo color- que ayudan a malheridos como Dilan Cruz.
Sobre este episodio, que provocó el repudio nacional contra el abuso de las fuerzas estatales y que inspiró un proyecto de ley que busca desmontar el Esmad y que será presentado en el Congreso, la gestora de convivencia, Leidy Trujillo Chaparro, asegura que nunca presenció un caso similar. “En cinco años que llevo trabajando en esto, jamás había visto algo así en medio de una protesta”.
Luz Amaya añade que “la muerte de Dilan fue muy dolorosa para el equipo”, pero dijo que tiene la certeza y la tranquilidad de saber que los gestores fueron los primeros en darle ayuda profesional.
“Dilan, como cualquier otro ciudadano que participa de las marchas y resulta afectado, es igual de importante para nosotros y estamos ahí para atenderlo. Ante la voz de un herido, el equipo inmediatamente protege el lugar donde se encuentra; si es posible se le moviliza a un espacio seguro; de no ser así, se le presta la atención inmediata. Después, se llama a la Secretaría de Salud para que sean ellos quienes desplieguen recursos más especializados", dice Amaya.
El trabajo de “convivencia” -como les dicen los encapuchados a los gestores- no es exclusivo para la población civil. También atienden policías, militares y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Explicarles a los manifestantes el funcionamiento de las armas que son empleadas para contener las marchas es otra de las obligaciones de los gestores, como, por ejemplo, darles a conocer que los proyectiles "bean bag" -cuyo empleo es aceptado por la ONU- son una especie de bolsa redonda fabricada en kevlar (una fibra textil) la cual es rellenada con perdigones de plomo y lanzada por una escopeta calibre 12.
Trujillo Chaparro subraya que informar a los manifestantes acerca del empleo y riesgo de los fusiles lanza gases, las escopetas calibre 12, los lanzadores de red de nylon o de munición de goma, las granadas con cargas químicas o dispositivos con pirotécnica, gas o aire comprimido, es fundamental para que ellos sepan los riesgos a los que se exponen.
Todo esto se complementa con la comunicación permanente que deben mantener con el Centro de Operación de Emergencias (COE).
Allí, un enlace de la Secretaría de Seguridad se encarga de recopilar la información registrada por los gestores y compartirla en tiempo real con los demás organismos que hacen parte del COE, integrado por más de 13 entidades como la Secretaría de Salud, Bomberos, Defensa Civil, Transmilenio, Policía de Tránsito, Personería de Bogotá y un representante de los estudiantes.
Así trabajan, los siete días de la semana, en jornadas que superan las 12 horas, estas personas capacitadas para prestar un servicio que no distingue entre ideologías, uniformes, manifestantes o “capuchos”.
