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ICM Ingenieros es otra de las compañías que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados a la que un juez le dio la razón en una tutela frente a la sanción administrativa de caducidad impuesta por el Ministerio de las TIC, tras el escándalo por una aparente póliza falsa del Banco Itaú para ganarse la licitación millonaria de los centros digitales.
Karin Pupo Benito Revollo, la representante legal suplente de la empresa que ha tenido varios contratos con el Estado, trabajó hasta la pandemia como asistente de nivel 1 de la oficina de la senadora Daira Galvis de Cambio Radical, antes de la estructuración de la licitación del Ministerio de las TIC. La senadora explicó a La FM que no sabía que su asistente tuviera alguna relación con una empresa privada. Agregó que le pidió el cargo por necesidades de la oficina y que la conoció porque Pupo Benito trabajaba antes en el Congreso.
La empresa con matrícula activa en el Registro Mercantil, se dedica especialmente a la construcción. Su trabajo está dirigido a la impermeabilización, equipos de pavimentación, concreto, asfaltos, materiales de construcción de caminos y carrileras, entre otros.
Su primer representante legal es Herles Ariza Becerra, quien estuvo implicado en una denuncia por representar un holding que logró acceso a varios bienes de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes extinguidos en su dominio a la mafia y otros más entre los que se contaban algunos de los Nule. La Contraloría General investigó por qué le entregaron a Ariza varios procesos de bienes en liquidación que sobrepasaban el límite permitido por la ley.
El segundo representante legal de la compañía es Jorge Ibán Rozo Barragán, cercano al ex gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y, finalmente, la representante legal suplente es Benito Revollo, presente en la UTL de la senadora Galvis desde 2018 hasta inicios de la pandemia.
Esta es la empresa que en la extensa red de contratación del contrato del Ministerio de las TIC, estuvo relacionada en 2015 con el exgobernador Cruz de quien se dijo que era socio. A la compañía la acusaron de haber sobornado a varios concejales de Bogotá y al entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial por un monto cercano a los 800 millones de pesos para ganar algunas obras de repavimentación en la capital. Cruz siempre negó esos señalamientos.
La empresa ha tenido otra larga serie de contratos con diferentes entidades del Estado en su récord. Participó en abril de este año, cuatro meses después de ganarse el contrato del Min TIC con Centros Poblados, en una licitación para la vía Vado Hondo- Labrazagrande en Yopal por 137.000 millones de pesos. La obra fue adjudicada al consorcio “corredores viales 063”, en la que tiene parte ICM Ingenieros.
También aparece como ganadora del contrato junto a otro consorcio para la vía entre el Puente de Boyacá y Samacá por 13.473 millones de pesos. En Bogotá la compañía ha sido contratada para obras de re nivelación de pozo en la avenida calle 153 con carrera 50 y en la Sirena entre la autopista norte y la avenida Boyacá, esta última por 34.797 millones.
Tuvo una participación más en la vía Medellín-Quibdó por 117.631 millones de pesos en la que de nuevo se juntó con otras empresas del sector para la construcción de la vía.
En ninguna parte de su experiencia previa aparecía algún trabajo directo o indirecto con el sector de las telecomunicaciones.
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