Proyecto para pequeños cultivadores reduce sus beneficios: Comisión de Seguimiento de Farc

Luego de que el Gobierno nacional presentara, de nuevo, el proyecto documento que busca reducir el área sembrada para ejercer un mayor control sobre los cultivos ilícitos y evitar la ilegalidad, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los acuerdos aseguró que la iniciativa genera una reducción de los beneficios a los cultivadores.

Además dijo que limita a los beneficiarios a la definición de pequeño cultivador que se refiere exclusivamente a los agricultores y agricultoras de cultivos de coca, marihuana y amapola de 18 mt2 a 1,78 hectáreas de coca; 19 y 84 mts2 marihuana y 0,8 mt2 y 3.34 ha para amapola, lo que, según ellos, desconoce el enfoque territorial del Acuerdo Final.

Añadió que el proyecto dejaría por fuera a un importante número de cultivadores debido a las condiciones territoriales que tienen predios de mayor densidad de hectáreas.

“Limita el beneficio exclusivamente a agricultores y agricultoras cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, procesados por el delito de conservación o financiación de plantaciones (Art. 375 de Código Penal), desconociendo que en el desarrollo de esta economía tenían lugar otras acciones relacionadas con el transporte, la primera transformación de la hoja de coca, el transporte de insumos a menor escala, entre otras”, dice en el comunicado.

Además enfatiza en que no se incluye ninguna medida contemplada en el Acuerdo para las mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales.

“Es preciso anotar que tampoco el Gobierno introduce otras medidas para materializar el enfoque diferencial de género en razón de comprender y compensar las afectaciones de las mujeres por los cultivos de uso ilícito”.

Finalmente, la Comisión exige al Gobierno nacional el cumplimiento del Acuerdo Final y como consecuencia la modificación del proyecto de ley ampliando a los beneficiarios para que una mayor parte de los campesinos, agricultores y agricultoras de cultivos de uso ilícito puedan acogerse al tratamiento penal diferencial.