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La Procuraduría General de la Nación suspendió al alcalde de El Rosal, (Cundinamarca), Hugo Orlando Arévalo Pulido y a cinco concejales, a quienes además citó a audiencia verbal por la presunta exigencia de dineros y tierras para no cambiar el uso del suelo de varios predios donde sus propietarios pretendían adelantar proyectos de vivienda.
La medida también aplica a los cabildantes, Henry Bohórquez Fierro, Hernando Clavijo, Luz Adriana Sabogal Rodríguez, Jairo Hernán Pardo Pardo y Milton Mauricio Chacón, a quienes se les señala de la presunta exigencia de 1.200 millones de pesos para no modificar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio, aprobado por la anterior administración a finales de diciembre de 2015.
En el caso de Hugo Orlando Arévalo Pulido, la Procuraduría le formuló tres cargos. El primero, exigir a dos hermanos la entrega de una hectárea de una finca, petición que luego modificó por la exigencia de una casa por cada hectárea utilizada en un proyecto de vivienda.
El segundo, la presunta exigencia de 8.000 millones a un constructor a quien finalmente habría terminado solicitándole la entrega de una fanegada de tierra por cada 10 utilizadas en el desarrollo de un proyecto inmobiliario.
El tercer cargo, la presunta exigencia, en la sede de la Alcaldía, de dinero a una tercera persona quien había pedido audiencia con el alcalde para expresar su inconformismo frente a esquema de ordenamiento territorial.
Los cargos contra el alcalde de El Rosal fueron calificados "como faltas gravísimas, a título de dolo y coinciden con la conducta que el Código Penal define como concusión, y que corresponde al abuso del funcionario público de su cargo o de sus funciones para constreñir, inducir o solicitar a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”.
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