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De acuerdo con el documento de la Procuraduría, la solicitud la hizo dentro de una acción popular que permita entre otras medidas, la reevaluación del régimen de ingreso de turistas y de las actividades comerciales que se desarrollan en dicho Parque.
Para la Procuraduría es necesario desarrollar el acompañamiento a diferentes medidas preventivas, ante los tribunales con el objetivo de proteger el derecho colectivo al medio ambiente de los colombianos que residen el archipiélago.
De igual forma, la Procuraduría advirtió que formuló requerimientos a las autoridades locales para que se cumplan las sentencias emitidas por la Corte Constitucional relacionadas con la protección de los derechos e intereses colectivos de los habitantes de Providencia y Santa Catalina para obtener la potabilización del agua del municipio.
Asimismo, la Procuraduría solicitó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, “el desacato de la sentencia T-284 de 1995, emitida por la Corte Constitucional en la cual se disponía, entre otras, la prohibición de otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla, hasta tanto no se cuente con redes de alcantarillado adecuadas”.
La Procuraduría General de la Nación, conformó una comisión especial para hacer el seguimiento preventivo a estas acciones con el fin de que se dé el cumplimiento de las órdenes judiciales que se han proferido por la protección de los intereses colectivos.
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