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La Procuraduría exhortó a los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, a las corporaciones autónomas regionales y autoridades ambientales de grandes centros urbanos para que cumplan la normatividad que dicta los niveles de ruido y que tienen que ser controlados por las autoridades ambientales.
El llamado lo hizo el órgano de control al considerar que el ruido ha sido un factor determinante en la contaminación que ha vulnerado la dignidad y los derechos de muchas personas a habitar en un ambiente sano.
La Procuraduría pidió ejercer un mayor control y vigilancia frente a este tema y presentó algunas reflexiones frente a la obligación que deben tener las autoridades de los municipios y departamentos.
Algunas de las obligaciones legales señalan que los departamentos deben promover y ejecutar programas y políticas nacionales en relación con el medio ambiente y para los municipios promover la participación comunitaria y cumplir con las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley.
De igual manera, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, propuso algunas medidas que podrían ser adoptadas en dichas instituciones.
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