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La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe el Decreto Ley expedido por el presidente Juan Manuel Santos, que establece una reforma rural acordada dentro de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
De igual forma, la Procuraduría cuestionó que este Decreto no tiene la firma del Ministro de Justicia, situación que sería irregular porque allí se hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de tierras.
Para la Procuraduría “el Decreto no cumple con el requisito de estricta necesidad, porque no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía ‘fast track’ por parte de Ejecutivo".
No obstante, dentro del concepto enviado por la Procuraduría, se advierte que frente a la consulta previa el Gobierno resaltó el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes y por lo tanto debería establecerse este estamento.
Por varios argumentos expuestos la Procuraduría solicitó que dicho Decreto (902 de 2017) sea declarado inconstitucional diferido a un año, tiempo en el cual el Congreso de la República deberá desarrollar el trámite correspondiente.
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