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Dentro del concepto enviado por el procurador Fernando Carrillo al alto tribunal se advierte que la elaboración de dicho inventario definitivo debe hacerse dentro de los tiempos establecidos, es decir, en las fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales.
“El Ministerio público recalca que es fundamental el cumplimiento de este compromiso, porque de lo contrario, no solo se atentaría contra lo pactado, sino que tendría como consecuencia la activación de todos los mecanismos, procedimientos y acciones con que cuenta el Estado para perseguir esos bienes, identificar a los responsables y hacer efectivo el peso de la ley”, señala el concepto del procurador.
Asimismo, en el documento, le pide a la Corte Constitucional que si existen incumplimientos con este tema el Estado está sujeto a desarrollar mecanismos para recibir los bienes y activos que deben entregar las Farc al final del término de los tiempos pactados y la forma de administrarlo.
Para la Procuraduría, si bien la solicitud está encaminada a declarar exequible dicho Decreto, también expuso algunos condicionamientos al mismo para la protección de las víctimas de las Farc, "bajo el entendido de que contra los bienes, enseres y activos que integren el inventario único entregado por las Farc al Gobierno Nacional no cabe ningún tipo de acción judicial ni de otra naturaleza”.
De igual forma, pidió el condicionamiento del artículo cuarto de este Decreto, en el sentido de que "los recursos del Fondo de Víctimas cubren también a los menores que se reincorporen a la vida civil y que hayan salido de los campamentos de las Farc, pero únicamente en lo que a indemnizaciones se refiere".
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