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De acuerdo con el concepto emitido por el procurador Fernando Carrillo, este tipo de normas son regresivas y promovería la falta de estímulos para la culminación de estudios por parte de los jóvenes en el país.
Para el procurador Carrillo esta medida es “desproporcionada, porque no se dirige a beneficiar a los trabajadores (…) así como tampoco favorece a los empleadores, sino únicamente a las cajas de compensación, reduciendo el tiempo durante el cual un trabajador puede percibir el auxilio del subsidio familiar en dinero”.
En el concepto el procurador Carrillo, solicitó la inconstitucionalidad de la norma porque no posee los argumentos suficientes la búsqueda de la generación de empleo y en cambio “resulta oportuno señalar que la medida legislativa resultaría inconducente, si se tiene en cuenta que la misma podría desestimular la culminación de estudios”.
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