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Según el ente de control, esta Alcaldía ha hecho caso omiso de la decisión del Consejo de Estado, quien declaró nulo dicho cobro hace 9 meses.
Sin embargo, la Alcaldía sigue exigiendo el pago de este impuesto a los usuarios.
De igual forma, la Procuraduría indicó que pareciera que a esa administración le interesa más el recaudo de unos recursos que la defensa del ordenamiento jurídico.
Según el Ministerio Público, dicha situación “ocasiona que la discusión se traslade ante el juez contencioso administrativo y el operador disciplinario, en todo caso, en perjuicio de la imagen de la administración”.
El órgano de control solicitó a la mandataria que se abstenga de continuar incurriendo en conductas dilatorias para el acatamiento de la sentencia.
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