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Dentro del documento de la Procuraduría también se advierte que la realización de estas visitas provocaron un informe que advierte la vulneración de los derechos sociales y culturales por cuenta del abandono institucional.
La Procuraduría había advertido que "las comunidades campesinas no estaban recibiendo adecuada asesoría técnica y apoyo para adelantar proyectos productivos, lo que conllevó a la persistencia de cultivos ilícitos y minería ilegal en esos territorios".
De igual forma, la Procuraduría advirtió que los objetivos de las zonas de reserva campesina no se habían cumplido y se pondría en riesgo la adjudicación de terrenos baldíos a los campesinos de la zona.
Ante la situación el organismo de control hizo un llamado al Gobierno para que se fortalezca la presencia institucional, la participación de la comunidad y las actuaciones de los entes territoriales.
