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Previo a que la superintendencia de industria y comercio tomara la decisión de sancionar a los ingenios azucareros, la Procuraduría ya había enviado una carta al ente de vigilancia en la que le solicitó respeto al debido proceso, que eventualmente se le fuera a adelantar a los azucareros.
El pasado 14 de septiembre se recordó en esta carta que las pruebas que eventualmente se le practicaran a los procesados, debían tener una justificación legal.
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En dicha misiva, la procuradora para la Función Pública, Fanny González, le aclaró al ente de vigilancia que un proceso libre de sospechas, debe estar acompañado únicamente de pruebas legalmente recaudadas.
Esto con el fin de brindar “las garantías constitucionales y legales tendientes a evitar la posible vulneración del derecho a la defensa y contradicción de los investigados".
La SIC multó a los ingenios azucareros con más de 300.000 millones de pesos por la presunta obstrucción de importaciones de azúcar de otros países.
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