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Según el documento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, es necesario realizar un enérgico llamado a las autoridades y advertirles que las presuntas omisiones en la normatividad y sus funciones acarrearán sanciones de hasta 20 años de inhabilidad.
Según la normatividad, estas sanciones pueden efectuarse al comprobar “la omisión o el retardo de las funciones propias del cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales”.
En este caso, la Procuraduría le solicitó al ministerio de Medio Ambiente, Alcaldes, Concejos municipales y Distritales y a las Corporaciones Autónomas Regionales, que tomen acciones en tres ejes fundamentales: Protección de Zonas de Ronda y de Humedales; Deforestación y en Planeación, ordenamiento territorial y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
Sobre estos aspectos la Procuraduría resaltó la importancia de “adelantar los procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de las zonas de ronda, zonas de protección, humedales, rondas y playones ocupadas o intervenidos ilegalmente con el propósito de recuperar el normal funcionamiento hídrico de las dinámicas de estas zonas”.
Sobre los POT, la Procuraduría llamó la atención del cumplimiento de la norma relacionada con la incorporación de la variable ambiental en los procesos de revisión y actualización de los esquemas del Plan de Ordenamiento Territorial.
Asimismo, “lncluirse prohibiciones expresas para la ejecución de proyectos y desarrollos inmobiliarios en zonas de desastre así como de alto riesgo. Establecer planes de reubicación de poblaciones a zonas más seguras, entre otros”.
