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Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la los derechos de la infancia, condenó desde Cali los hallazgos encontrados por la gobernación de Bolívar en una escuela del municipio del Carmen de Bolívar, en donde se detectó que el operador del programa de alimentación escolar (PAE) mantenía 150 bolsas de leche en estado de descomposición.
Para la representante del ministerio público urge que se inicien las investigaciones de tipo disciplinario y penal para quien deba responder por este hecho. “El tema del PAE es de todos los días en este país. No hay semana, ni día en que ustedes los medios de comunicación nos informen sobre situaciones lamentables.”, dijo la funcionaria.
Además realizó un llamado a las entidades responsables en la ejecución del PAE para que se adelanten los esfuerzos necesarios que permitan garantizar la alimentación de los niños. “Esto demuestra que la corrupción, están caracterizando la ejecución del programa escolar”, añadió.
En concepto de la funcionaria, las evidencias demuestran que el programa se convirtió en un “pimponeo” que tiene como víctimas a los estudiantes: “se ha salido de las manos de las entidades que hasta el momento lo están manejando. El Gobierno Nacional lo recibe a través de la ley 1450 de 2011 por parte del ICBF y de ahí pasa al Ministerio de Educación; luego a las entidades territoriales certificadas y en todo esto los más afectados son los niños”.
Dejó claro que el incidente con la ministra de educación Gina Parody no tiene ningún sesgo de índole personal. Para la Procuraduría, es importante concentrar los esfuerzos en la revisión del proyecto presentado ante el Congreso de la República sea discutido porque para el órgano de control resulta insuficiente, toda vez que por ejemplo: “no se conoce cuál es la cobertura de ese programa. Leyendo la exposición de motivos de la Senadora Sofía Gaviria uno queda con la gran preocupación de que se habla 2.9 millones de niños atendidos, lo que no alcanza a ser ni el 50% de la población que está en el SIMAT”.
