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"Pues no se evidencia la rigurosidad fáctica y jurídica que sustente y soporte la gradualidad y dosimetría de la sanción", señala en uno de los apartes el Ministerio Público.
Asimismo, la Procuraduría aseguró que falló el debido proceso: "En consecuencia se advierte una violación al derecho a la defensa de los ingenios sancionados, ya que limita la posibilidad de controvertir los hechos y las pruebas".
De igual manera, el concepto hace énfasis en que los azucareros no pudieron conocer algunas pruebas con las que fueron sancionados.
El documento emitido por la Procuraduría se encuentra en el despacho del Superintendente de Industria y Comercio, quien analiza en segunda instancia las decisiones tomadas respecto a las millonarias multas en contra de los azucareros que ascienden a los 320 mil millones de pesos.
