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La Procuraduría General de la Nación determinó el cierre del proceso disciplinario que se adelantaba en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al establecer la inexistencia de una supuesta contratación excesiva de prestación de servicios profesionales al interior de la Gobernación.
De acuerdo a la investigación realizada por la Procuraduría, se desvirtúa lo dicho en relación a que el departamento contaba con un número superior a tres mil contratistas en los niveles centrales y descentralizados.
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“Se logró demostrar que no existía nómina paralela en la contratación de las personas por prestación de servicios para el funcionamiento y que esto obedecía a un estudio técnico que se hizo para la reestructuración y reforma administrativa que se realizó en el 2016”, explicó Diana Lorena Vanegas Cajiado, directora jurídica.
"Estos contratos suscritos por prestación de servicios profesionales suman 1019 cargos, de los cuales 595 fueron para el año 2016 y 572 para el año 2017”, agregó.
Según la funcionaria, también se logró demostrar tanto la seriedad técnica con que se hacen estas contrataciones para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la Gobernadora, como demostrar una disminución en la contratación de prestación de servicios.
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“Hay sustento técnico para definir los apoyos por prestación de servicios para el funcionamiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo y sus metas, así como planeación y control en la contratación de personal de prestación de servicios de la entidad”, dijo Vanegas.
“De igual manera, la Procuraduría verificó el número real de contratistas y estableció que no hay contratos que superen los montos permitidos para cargos de secretarios de despacho, directores o funcionarios”, agregó. El proceso contra la mandataria fue abierto en abril de 2019.
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