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Una serie de irregularidades se estaría presentando con los recursos destinados a controlar la expansión del coronavirus en el territorio nacional.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, le pusieron el ojo a siete contratos con los que, al parecer, se estarían malgastando los dineros destinados a hacer frente a la crisis sanitaria por el brote de la COVID-19.
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La Procuraduría dice que se vigila la compra de kits de mercados cuyos precios serían muy superioresa los comerciales, o las grandes superficies. También habría contratos para entregar mercados con fines políticos o a personas de altos recursos económicos que no los necesitarían.
La Procuraduría también advirtió sobre algunos contratos para la construcción de parques, que no tienen nada que ver con la atención a la emergencia sanitaria y contratos de publicidad y cuidado contra el COVID-19 a población que tiene acceso a televisión e internet.
En medio de la vigilancia, esa entidad también encontró algunos contratos para la entrega de ayudas que están siendo entregados a personas jurídicas que no tienen experiencia en el tema, pues su objeto social es organizar eventos sociales.
La Procuraduría señaló que hay otros contratos para el suministro de kits de aseo, pero que “son entregados de forma parcial e incompleta y contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP, o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos”.
Ante esta situación, la Procuraduría y la Contraloría hicieron un llamado a los entes territoriales para adquirir los bienes y servicios que se necesiten en medio de la crisis a través de las grandes superficies y en la Tienda Virtual del Estado colombiano, que tiene a disposición elementos como: alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores y yodo, entre otros.
Las dos entidades hicieron un llamado puntual para que los recursos públicos no sean utilizados para gastos aparatosos, publicidad innecesaria asociada al COVID-19, el pago de deudas de las entidades y contratos o compras que no permitan atender la emergencia.
