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Según el procurador Carrillo, esta Comisión, conformada con diferentes autoridades del país, establecerá una hoja de ruta para evidenciar la problemática que existiría en varias regiones del país en el marco del postconflicto.
El procurador indicó que si bien no existen datos precisos sobre la situación contra líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos, es necesaria la articulación del Estado con organizaciones sociales para garantizar los derechos de estas poblaciones.
“El objetivo común de todas estas entidades es tratar de proteger a esos líderes sociales que quieren ser protagonistas de los nuevos escenarios electorales que se van a concretar el año entrante en las elecciones de 2018”, afirmó Carrillo.
Señaló el procurador que en el país no pueden presentarse casos de amenazas, atentados y situaciones extremas que atenten contra la vida de las personas como parte del acuerdo de paz que fue establecido por el Gobierno Nacional.
“Lo que estamos tratando de apuntarle todos es a que haya información común que permita definir que efectivamente se da o no se da sistemáticamente un exterminio de los líderes sociales porque lo que hay que evitar es eso”, agregó el procurador.
Anunció que este tipo de reuniones en donde están varias entidades del Estado en materia de seguridad y organismos sociales se darán periódicamente en los territorios afectados en cumplimiento del Decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos en el marco de sus facultades especiales.
