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De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, es necesario determinar si dentro del proceso de la adquisición del inmueble hubo irregularidades relacionadas con el cumplimiento de requisitos y previsiones contractuales.
El hecho habría generado un sobrecosto que ascendería a los 35 mil 937 millones de pesos.
La Procuraduría buscará determinar las presuntas responsabilidades de servidores públicos porque al parecer estas acciones podrían constituirse en un detrimento patrimonial que afecta las finanzas del Estado.
Ante la situación la Procuraduría ordenó una visita especial a las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro para “analizar los documentos relacionados con la adquisición, determinar la fuente de los recursos del contrato, revisar los soportes de los pagos efectuados y tomar las declaraciones que sean necesarias, entre otras pruebas ordenadas”.
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