La FM en Google News
En entrevista al diario La Razón, de España, el procurador general Alejandro Ordoñez afirmó que "no hay que cantar victoria, puesto que las Farc pueden volver a atentar, ya que se han fortalecido militarmente y están dispuestas a atentar en las ciudades si no se cumple lo acordado en La Habana”.
Ante la pregunta acerca de si creía que lo que se firmó en Cuba es el fin de la guerra en Colombia fue contundente en expresar un “no” rotundo.
“Esto no es un proceso de paz, sino un acuerdo entre Santos y las Farc. Es un acuerdo entre dos élites: la gobernante y la criminal para postrar a la clase media. Y la estrategia del presidente para que se apruebe el plebiscito sobre el acuerdo es el miedo de los colombianos a más terrorismo y más impuestos si no se aceptan lo acordado en Cuba”, señaló Ordoñez.
Para Ordoñez, si no se produce una desarticulación real del aparato criminal y no hay un desarme, se podría dar la presencia armada de las Farc en las ciudades. El procurador indicó en la entrevista al diario español que no tiene duda de que las Farc tendrían la voluntad de atentar en caso que no se cumpla lo pactado.
“El señor presidente nos dijo hace una semana que las Farc estaban dispuestas a hacer terrorismo urbano si el pueblo colombiano no aprobaba lo que van a acordar el presidente y 'Timochenko' en Cuba. Y en eso sí que creo al presidente”.
El jefe del Ministerio Público afirmó que lo pactado en La Habana no supone ningún blindaje que aguante un 'caucherazo' democrático, porque los términos de lo acordado privilegian al victimario y sacrifica a la víctima.
“Favorece la impunidad y lo saben el Gobierno, las Farc y el pueblo colombiano. No va a ser sostenible porque desconoce los estándares internacionales a los que Colombia está obligado".
“El Gobierno postró primero a las Fuerzas Militares. Después se doblegó a ganaderos y agricultores, a los que amenazó con más de 15.000 procesos penales."
El procurador Ordoñez finalizó la entrevista indicando que el Gobierno ha accedido a todas las peticiones de las Farc. Les han dado impunidad, la extradición de sus jefes, la protección de su fortuna, funciones constitucionales y la capacidad de gobernar en los lugares donde tiene sus cultivos.
