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El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, manifestó las irregularidades que se vienen presentando contra las mujeres que han sido víctimas de ataques con ácido en Colombia y por eso hizo un llamado para una articulación interinstitucional para garantizar los derechos de estas personas.
De acuerdo con Carrillo, fueron evidenciadas las falencias que ha tenido el Estado en esta materia, relacionados con temas laborales, salud y acciones de la justicia para hacer cumplir las normas contra quienes son agresores con sustancias químicas.
“Ha habido una gran descoordinación interinstitucional; ha habido mucho escepticismo por parte de las víctimas para que la acción del Estado muestren resultados (…) es necesario elaborar una política que sea consistente del Estado frente a este horroroso crimen”, señaló Carrillo.
Por su parte, una de las voceras y víctima de ataque con ácido, Yina Liliam Potes, directora de la Fundación Reconstruyendo Rostro, advirtió que han sido olvidadas y discriminadas tras estos hechos y continúan en la búsqueda para que el Estado garantice sus derechos.
“Yo siempre he dicho que la institucionalidad es cómplice de los agresores cuando no atienden, cuando no escuchan, cuando no reciben adecuadamente la denuncia que pone siempre la mujer (…) estamos como adormecidos frente a lo que está pasando y la violencia se ha naturalizado de tal manera que se siguen presentando los casos actualmente luego de un trabajo tan grande que hemos emprendido”, aseguró la vocera de las víctimas de mujeres.
Según la directora de la Fundación Reconstruyendo Rostro, en el tema laboral les han negado acceder a un cargo porque tras estas agresiones, naturalmente, sus rostros quedan desfigurados, en muchos casos, les afecta los sentidos como la visión, oído y movilidad.
“Ahí empieza la discriminación bastante fuerte frente al tema laboral, social, médico, familiar, esta violencia transversaliza la vida entera de la mujer y de su familia”, agregó.
En este aspecto, la Procuraduría anunció que junto con varias autoridades, en especial, de salud, trabajo y justicia, desarrollarán unos protocolos con el objetivo de bridar la mayor atención para quienes han sido víctimas de estos sucesos.
