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La presidencia de la República en cabeza del mandatario Iván Duque, los Ministerios de Defensa y del Interior y la Policía Nacional presentaron un recurso de impugnación contra la decisión del Consejo de Estado que ordenó suspender el decreto 575 que permitía la asistencia militar en la protesta social.
En un documento de 28 páginas, la Presidencia dice que el decreto se creó “para la conservación y el restablecimiento del orden público y no para vulnerar los derechos a la protesta social o a la integridad personal de los manifestantes".
La Presidencia también explicó que la norma busca “hacer frente a los hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia que afectan algunas zonas del país y que en algunos casos fueron producto del ejercicio de la protesta”.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado advirtió que la asistencia militar no sería el medio idóneo para controlar la seguridad y la convivencia, ya que ese trabajo es de la Policía y no del Ejército.
“Si bien el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y manifestación puede limitarse cuando ocurre la afectación grave al orden público, lo cierto es que, en esos casos, lo que resulta admisible y con criterios de necesidad y proporcionalidad, es el uso de la fuerza policial, más no militar”, dijo el Consejo de Estado en su decisión.
La Sala sostuvo que la protesta social en sí no pone en riesgo la soberanía nacional por lo cual no era necesaria la asistencia militar, “si bien en estos casos pueden presentarse hechos de violencia y que, para restablecer el orden, la Policía puede realizar, por ejemplo, detenciones preventivas, en los términos previstos en la ley”.
Ese fallo se dio en el marco del estudio de una tutela que presentó un grupo de ciudadanos de Cali quienes consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares en las protestas ciudadanas estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada.
En ese sentido, el Ministerio de Defensa en su recurso de impugnación dijo que la tutela presentada no era procedente en el caso y que “no está acreditado que la asistencia militar haya impedido la protesta pacífica, o se haya dispuesto para tal fin”.
