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En una audiencia pública en la Cámara de Representantes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) reveló que adelanta nueve procesos sancionatorios contra el proyecto Hidroituango por la contingencia registrada hace cuatro meses.
Pese a que estaban citados, ningún representante de Empresas Públicas de Medellín (EPM) asistió al debate de control citado por el congresista León Fredy Muñoz. En la instalación aseguró que este espacio permitió conocer detalles de esta calamidad que no ha sido de conocimiento público, hecho por el cual es necesario contar con la versión de representantes de organizaciones sociales y autoridades.
De acuerdo con el representante, la autoridad ambiental ya tiene tres de los procesos ad portas de un fallo, esto debido a que en Hidroituango se habrían taponado dos túneles sin ningún tipo de permiso.
"La Anla ha dicho que hay nueve procesos, tres de ellos a punto de fallar a procesos sancionatorios. También informó de los túneles que sellaron fueron parte de la catástrofe que ocurrió allá y que sigue ocurriendo, no solicitaron ninguna licencia, no la tenían para sellarlos", señaló.
En esta audiencia también participaron ingenieros y técnicos que analizaron la contingencia en esa megaobra en el norte del departamento, que hasta ahora deja más dudas que certezas sobre el manejo de la contingencia que afectó a más de 25 mil personas que vivían cerca del río Cauca.
Por eso, los representantes de la Comisión buscarán llevar este tema a la Plenaria de la Cámara, para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tomen cartas en el asunto y se identifiquen a los responsables.
Investigación interna EPM
Empresas Públicas de Medellín (EPM) fue notificada de la indagación preliminar que abrió la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, que busca establecer si las obras de desviación de los túneles de Hidroituango, se realizaron sin la modificación de la licencia respectiva.
El gerente del Grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, aseguró que la compañía informó a la Procuraduría sobre las indagaciones que lidera la Oficina de Control Disciplinario. Los resultados de la investigación a funcionarios y contratistas podrían tardar varios meses.
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