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La Procuraduría General de la Nación le formuló cargos a la señora Lina Marcela Oviedo Salazar, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa en la Regional Caribe de Migración Colombia, para que responda por el posible incumplimiento de deberes a su cargo.
En la investigación se encontró que el 2 de agosto de 2012 la disciplinada recibió una solicitud escrita formulada por una ciudadana, frente a lo cual le correspondía, según el manual de funciones, dar traslado del documento a la dependencia competente. Sin embargo, al parecer la señora Oviedo Salazar repartió tal solicitud hasta el día 21 de abril de 2014.
Con esta conducta, la funcionaria investigada no solo habría omitido sus funciones, sino que además habría violado, entre otras normas, la Constitución Política y el Código de Procedimiento Administrativo respecto de los principios generales de las actuaciones administrativas, concretamente los principios del debido proceso y el de eficacia, al entorpecer el derecho de la ciudadana de presentar peticiones a las autoridades.
De manera provisional, la falta está calificada por la Procuraduría Regional del Atlántico como grave.
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