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Los familiares de los cinco menores de edad asesinados en Llano Verde, aseguran que todavía faltan muchos detalles en las investigaciones para conocer lo que verdaderamente ocurrió el pasado 11 de agosto.
Por lo que solicitaron que los propietarios de los cañaduzales, donde fueron hallados los cuerpos, sean investigados y que se conozcan las razones para establecer porque los tres responsables fueron contratados para vigilar el predio, teniendo antecedentes judiciales.
“Seguimos pidiendo justicia y que los dueños de los cañaduzales sean investigados para llegar a la verdad y si ellos no son culpables espero que den la cara y digan porque los responsables tenían el permiso de trabajar en ese lugar. Los cañaduzales son privados y la persona que ingrese deben de tener una orden”, agregó Álvaro Caicedo, padre de una de las víctimas.
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Los allegados también exigen conocer quién dio la orden en asesinar a los cinco menores de edad y que investiguen a la empresa de vigilancia Control Interno y Transporte S.A.S, en donde trabajaron Juan Carlos Loaiza, detenido por el caso y Gabriel Alejandro Bejarano, quien es buscado por las autoridades.
Según la denuncia esta empresa cambió su razón social luego de que el propietario y otras personas fueran detenidas por tráfico de armas y drogas.
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“La Fiscalía tiene la obligación de investigar los antecedentes de la empresa y de establecer si los vigilantes laboraban con una estructura criminal en la zona de Navarro”, agregó Elmer Montaña, abogado de una de las víctimas.
Por la masacre de Llano Verde fueron detenidas dos personas y las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones por alias ‘El Mono’, quien se encuentra prófugo de la justicia.
