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La petición la hizo directamente el alcalde de esa ciudad, Carlos Caicedo, ante el Juzgado Tercero Administrativo, con el fin de retomar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado para los ciudadanos.
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“Se pidió que se decrete la suspensión provisional de los efectos del contrato de arrendamiento celebrado entre el Distrito y Metroagua y además, que habilite a la Alcaldía, para que adopte las medidas que sean necesarias para asegurar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad”, se afirmó en un comunicado.
En días anteriores, la administración demandó el contrato de arrendamiento en noviembre de 1989 al considerarlos violatorio de la moralidad administrativa en la que argumentó que dicho convenio:
“i) Se firmó en contra de la ley porque se recurrió a un arrendamiento cuando debió celebrarse una concesión de servicios públicos; ii) el arriendo se pactó por más de cinco (5) años cuando debió acordarse por un periodo que no superara dicho lapso; iii) debió tramitarse una licitación público y no una contratación directa como así se recurrió en su momento y iv) no pueden reconocerse costos o inversiones en las mejoras a la infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado, pues en este contrato debe operar la cláusula de reversión”, añade.
El mandatario afirma que ante los jueces aclarará que no es cierto que se están demandando aspectos que fueron juzgados ya por la justicia administrativa.
