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Para la Corte, es un mecanismo idóneo para garantizar la igualdad de la población en condición de vulnerabilidad "pues otorga un trato diferente a aquellos que son diferentes, pretendiendo hacer efectivos los derechos de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad".
La sala con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, estudió el caso concreto de una mujer desplazada por la violencia y víctima de ataque con ácido sulfúrico, a quien se le había negado el acceso a una vivienda de interés social "y al no ser incluida en las convocatorias para la asignación de subsidios de vivienda por la entrega tardía de los documentos requeridos para ello".
La Corte le amparó su derecho a una vivienda digna y ordenó al Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda y al Departamento Administrativo para la Prosperidad DPS, otorgarle un lugar donde vivir con sus hijos.
La Corte advirtió: "Las políticas públicas en materia de subsidios de vivienda si bien tienen en cuenta poblaciones en condición de vulnerabilidad, no han incluido a las víctimas de la violencia de género extrema, para quienes también cobra gran importancia que existan acciones afirmativas que permitan el desarrollo pleno de sus derechos, puesto que como consecuencia de los crueles actos de violencia que padecieron quedan en situación de desigualdad".
