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Echeverri enfrenta cargos por los delitos de perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir; esto al ser investigado por, presuntamente, inferir en el proceso para evitar la revocatoria de su mandato en 2017.
También fueron cobijados con medida de detención domiciliaria Diego Acosta, secretario de la Alcaldía, Christian Juliao director del Instituto para el Fomento del Deporte, y John Jairo Moros, líder político de Barrancabermeja.
Según señaló el juez, "éste beneficio se da en razón a la inferencia de autoría y participación en las conductas investigadas que serán llevadas a juicio en los próximos meses por parte de la Fiscalía ante otro juez distinto a este despacho, además de garantizarse la comparecencia al proceso penal de los investigados".
En ese sentido, el juez ordenó que "no se imponga medida de aseguramiento a Mariluz Núñez Herrera, primera dama de Barrancabermeja y esposa de Darío Echeverri, porque no habrá obstrucción a la justicia por ella y tampoco tiene acceso a la administración municipal para entorpecer las investigaciones".
Según la Fiscalía General, para el mes de julio de 2017, el alcalde, su esposa, y otras tres personas organizaron una serie de eventos sociales en Barrancabermeja y sus alrededores para evitar que la población fuera a las urnas a votar y definir si apoyaba o no la revocatoria de Darío Echeverri como alcalde, entre las actividades realizadas se encuentran basares, fiestas, bingos y sancochos, preparados para evitar que la gente participara de los comicios.
Uno de los hechos que investiga la Fiscalía es que “algunos programas de gobierno fueron modificados con el fin de atemorizar a funcionarios de la administración municipal y contratistas en caso de que apoyaran la revocatoria del alcalde", hechos que fueron mencionados por la Fiscalía en imputación de cargos y que serán la argumentación para una medida de aseguramiento.
Por estos hechos también son judicializados bajo los mismos delitos Mariluz Núñez Herrera, esposa del alcalde Echeverri, Cristian Juliao Camacho, director del Instituto para el Fomento del Deporte, Jhon Jairo Moros, líder político de Barrancabermeja y amigo del alcalde, y Diego Armando Acosta, secretario general de la Alcaldía. Según la Fiscalía, serían presuntos responsables “por atentar en contra de la libertad de los votantes a quienes no se les permitió acudir a las urnas”.
Como parte de las investigaciones, se indaga la presunta participación de varios funcionarios públicos como magistrados del Consejo Nacional Electoral, pues al parecer ayudaron al alcalde a tumbar la revocatoria. Por esta acción Darío Echeverri habría pagado más de $200 millones de pesos. La Fiscalía anunció que por las maniobras ilícitas cometidas, solicitará medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos los procesados.
