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La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó conceder el amparo de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, de algunos internos que se encuentran recluidos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de mediana seguridad de Santa Marta y El Banco, Magdalena, conforme a las patologías diagnosticadas.
"Atención integral a 41 internos, visita de inspección para procedimiento a 32 internos, atención médica a 23 internos para un total de 96 internos que requieren servicio de salud inmediata", señala el alto tribunal.
La decisión advierte que se debe diseñar un plan de mejoramiento que contenga objetivos, estrategias, acciones y un cronograma de actividades, para superar las falencias halladas en la prestación de los servicios de salud en las visitas efectuadas por la Defensoría del Pueblo, que dieron origen a esta acción constitucional, en un tiempo máximo de tres meses, de cuya ejecución deberá rendirse informe al juez de tutela dentro de los quince días siguientes.
La acción fue instaurada por José María Díaz Soto, defensor delegado para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom EPS y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.
La Sala sostiene que las personas privadas de la libertad son sujetos que merecen una garantía prioritaria de su derecho fundamental a la salud, por cuanto requieren de servicios de salud en condiciones de calidad suficiente para vivir en condiciones de salubridad y evitar las enfermedades.
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