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Aunque se han reducido los malos olores provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Aguas Claras, en el municipio de Bello, un juez del circuito ordenó embargar las cuentas bancarias de EPM, de la Alcaldía de Bello, Hyundai Construction y ocho empresas más (Aguas Nacionales (filial de EPM), Hidroestación, consorcio Aguas del Aburrá, contratistas HMV Ingenieros, Nippon Koei, Sedic, Hyun Engineering y Poyry).
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La medida se produce tras la demanda de acción de grupo que interpuso un colectivo de personas, con la que se buscaba la reparación de los daños a sus propiedades, ya que han tenido una devaluación de más del 50 por ciento desde que la planta empezó a funcionar, según ellos generando afectaciones a sus viviendas por los malos olores.
“EPM tiene que terminar y todos los entes involucrados deben pagar una indemnización, porque usted no puede vivir con mal olor a cañería en su vivienda todo el día, y a raíz de esto el juez ordena como una medida cautelar y me parece acertada la decisión", señaló el instructor Juan Sebastián Montoya.
Cabe recordar que la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Aguas Claras, inició operaciones en el año 2017 y tuvo una inversión de 1.700 millones de pesos aproximadamente.
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Adicional a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR de Bello, se construyó también la Unidad de Vida Articulada Aguas Claras, que es un espacio de más de 26.000 m2, siendo la UVA más grande de las 11 que EPM ha entregado hasta el momento a las diversas comunidades de Medellín y el área metropolitana.
Esta UVA cuenta con un equipamiento para atender a 6.700 habitantes de la Comuna 9 donde está ubicada, e indirectamente a cerca de 65.000 habitantes de 12 barrios aledaños en la Comuna 8 y 10 de Bello, y del municipio de Copacabana.
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