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El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, lamentó el escándalo de corrupción en la Contraloría departamental, pero solicitó “paciencia” mientras avanza el juicio contra los siete empleados del ente de control y los alcaldes de La Pintada, Jardín y San Carlos.
Dijo que lo más importante es que la entidad encargada de velar por el manejo de los recursos públicos no quede “acéfala”.
Pérez Gutiérrez recordó que, en otras ocasiones, el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, estuvo envuelto en investigaciones judiciales e, incluso, fue capturado, pero luego quedó libre. Por eso, aseguró que se debe ser prudente hasta que haya un fallo judicial que condene o absuelva a los procesados.
"Hay que tener paciencia y esperar a que haya una decisión definitiva (...) no todo al que detienen, lo condenan. Eso es una especie de controversia entre la acusación de la Fiscalía y las garantías que otorga un juez al acusado (...). A veces hay muchas personas que 'cáigale al que está caído'. Tenemos que tener, por ahora, misericordia y esperar qué decisión toman los jueces", señaló.
Según el gobernador de Antioquia, los funcionarios de los organismos de control son quienes deben dar ejemplo ante la sociedad. "Lo que siempre hay que decir es que no es bueno que los organismos de control entren en sospechas ante la ley. Hay una frase muy bonita que dice: 'el ojo que vigila tiene que ser más cristalino que el ojo que ve'".
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Una funcionaria administrativa, tercera en la línea de mando, asumiría temporalmente el cargo de contralora de Antioquia, tras la detención de su superior, Sergio Zuluaga, y la orden de captura contra Rubén Darío Naranjo. El mandatario departamental se reunirá con la servidora pública para que asuma las funciones.
Este martes continuará la diligencia judicial con la imputación al contralor general, Sergio Zuluaga Peña, y al finalizar la fiscal del caso formulará cargos a todos los procesados por el delito de concierto para delinquir.
Entre tanto, la defensa del subcontralor, Rubén Darío Naranjo Henao, confirmó que su cliente se presentará voluntariamente ante la Fiscalía para demostrar que las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio fueron adquiridas hace 15 años.
