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Con documento en mano, Luis Gilberto Murillo, actual embajador y canciller (e), se defendió de los señalamientos que le hizo su ex subalterno, José Antonio Salazar, sobre una condena que tuvo en el pasado por peculado en el Chocó.
Murillo expidió un certificado de antecedentes de la Procuraduría este 28 de febrero en la que consta que no cuenta con sanciones vigentes, ni pendientes con la Justicia, así como inhabilidades vigentes.
Salazar se defendió frente a los señalamientos que ha recibido por la adjudicación del contrato a Thomas Greg para el caso de los pasaportes.
Enfiló baterías contra Luis Gilberto Murillo, de quien dijo que no puede ser funcionario público por haber sido condenado en el pasado.
“El ministro encargado, Luis Gilberto Murillo, no es abogado, él es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público, porque, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Nacional, el artículo quinto dispone que el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”, dijo en medio de una declaración pública.
Añadió que Murillo “fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado por destinación oficial del delito”.
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Tras la declaración de Luis Gilberto Murillo, hoy canciller encargado, el destituido secretario reiteró que contaba con las facultades para adjudicar la millonaria licitación a Thomas Greg & Greg. "El ministro me restableció en esa representación legal y además me reforzó por emplear un término las funciones", dijo.
"Él dijo que esa resolución también incluía la capacidad de resolver todos los temas jurídicos, administrativos y contractuales relacionadas con ese contrato específico, es decir, no sólo me restableció en la representación del fondo y no que me remachó y eso es un hecho real que está escrito, por eso es que yo he insistido tanto en que los conocedores del derecho", añadió en su defensa.
Sin embargo, en la misma línea que lo hizo el canciller Luis Gilberto Murillo en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro dijo que “no se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto”.
El mandatario reiteró que Salazar “ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos”, frente al contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons.
