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La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que necesita 33.4 billones pesos para garantizar el funcionamiento de la entidad, que tiene como meta principal ampliar la nómina de inspectores de trabajo a nivel nacional, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de los recursos que son 29 billones de pesos son destinados para las pensiones de Colpensiones.
La funcionaria en el marco de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, señaló que este presupuesto de la cartera laboral, para la vigencia 2023, es muy importante para adelantar un mejor trabajo de vigilancia y control al interior de las distintas empresas a nivel nacional.
“Con estos recursos le apuntamos a la ampliación de planta de los inspectores de trabajo, se tenían 995, pero a través de la OCDE se pide un mayor número de funcionarios, que son encargados de que las empresas cumplan con la normatividad”, indicó.
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Agregó que los estudios plantean que se llegue a 2.000, en la actualidad se ha logrado tener 1.230 pero no son suficientes para la labor tan importante que deben realizar en el país.
“Ellos están realizando un proyecto de fortalecimiento por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero estamos apuntando a que esta nómina no sea contratada en los territorios sino que sean de planta para evitar que sean menos frágiles ante la contaminación que se puede dar en su trabajo de inspección en las empresas”, explicó.
Dijo que además se tiene como objetivo fomentar el empleo en la zona rural.
“Vamos a fomentar el empleo en la ruralidad con ayuda del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comercio; pero propongo que mediante Colombia Compra Eficiente se realice el 30% de las adquisiciones por medio de asociaciones de campesinos y campesinas”, manifestó.
Salvamento Justo & Bueno
En la presentación del informe anunció además se tiene un plan de salvamento para rescatar cerca 6 mil puestos de trabajo, tras el proceso de liquidación judicial de la sociedad de Justo & Bueno.
“Hemos hecho un plan de salvamento conjuntamente y estamos trabajando con el liquidador y las organizaciones sindicales para analizar la situación de 3 mil trabajadores que ya salieron de la empresa porque luego de la orden judicial, en donde se dan por terminados los contratos de trabajo, se les deben sus cesantías, no tienen plata y no saben cuándo”, señaló.
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Dijo que además se tienen otros 3 mil trabajadores que como les deben sus arriendos no pueden ponerse al día con las acreencias laborales.
“En esta mercadería lo que vale es la marca, pero si está activa y dinámica y que estaba por el orden de los $80 mil millones, se está trabajando el plan de salvamento donde habrá una marca específica y un apalancamiento de acompañamiento técnico y financiero por parte del Estado, que estamos buscando para salvar los 6 mil empleos, que entrarían a engrosar hoy, si esto sigue, la tasa de desempleo que tenemos en el país”, sostuvo.
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