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Ante la falta de prestación de servicios médicos y de salud en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa, prioritariamente a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884); el Consejo Directivo del INPEC decretó la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país.
"Esta declaratoria de emergencia le otorga facultades especiales al director del INPEC y a la USPEC para tomar acciones expeditas que permitan hacerle frente a la crisis carcelaria en términos de contratación directa de obras de mejoramiento en unidades de sanidad, compra de medicamentos, y atención urgente de los servicios de salud", indicó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado.
En este orden de ideas, las primeras medidas adoptadas son:"Realizar brigadas de salud inmediatas desarrolladas conjunta y articuladamente por una red social de apoyo conformada por las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y la fuerza pública".
De igual se solicitó modificar el Manual de Funcionamiento a cargo del INPEC para que profesionales de salud que son actualmente funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales.
"Estas medidas de carácter inmediato no dejan de lado la estructuración de una solución de fondo a la crisis y responde a una situación urgente mientras las entidades involucradas en el sistema penitenciario adoptan las medidas de fondo para que el nuevo modelo de salud entre en vigencia", se puntualizó.
