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Esta es la cifra que maneja la delegación guerrillera. El Gobierno empezó a hacer un conteo en las cárceles del país para verificar que sí integran la organización. La puja por el “indulto” continúa en la mesa.
“Es que sin amnistía no habría acuerdo final, es así de sencillo. Si no hay una ley de amnistía no habría acuerdo final y si no hay esa firma no habrá movilización hacía las zonas”, dijo el negociador de la guerrilla ‘Carlos Antonio Lozada’ el pasado viernes 5 de agosto. Con esas palabras, el delegado de las Farc dejó ver las diferencias que hay entre las partes por el tema de la amnistía que se aplicaría en el proceso.
LA F.m. conoció con fuentes cercanas a las dos delegaciones algunos temas que se están tocando en la mesa de negociación sobre la ley de amnistía. Básicamente, son unas pretensiones de las Farc para movilizarse a las 23 zonas veredales y a los ocho campamentos, tal y como lo han venido diciendo en los últimos días.
La primera de ellas es una amplia amnistía para aquellos que estén en las cárceles del país por condenas relacionadas con el conflicto. Cifras de la delegación guerrillera indican que en los centros penitenciarios hay más de 9 mil personas, de las cuales la tercera parte son integrantes directos de la organización. El número restante pertenece al Partido Comunista Clandestino, milicias y líderes sociales.
Pero aquí es donde está la primera diferencia entre las delegaciones porque las Farc piden que esas excarcelaciones se hagan antes o paralelamente a la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, ya que si bien la negociación está en un punto de no retorno, la desconfianza entre las partes se mantiene, aunque en menor medida, y la delegación guerrillera no quiere dejar a sus hombres en la cárceles para que después no puedan salir.
Sin embargo, para el ejecutivo esa cifra es “descomunal” y por esa razón desde hace una semana se empezó a verificar en las cárceles para determinar el número real de guerrilleros presos que recibirían el indulto por delitos políticos. Lo cierto es que en el borrador estudiado por las partes se mantiene la exigencia del indulto antes del cierre de la negociación. La verificación, que es necesaria, además buscará evitar que haya “colados”, es decir personas que no sean de las Farc, en la lista de nombres que podrían beneficiarse del indulto.
En el caso de los combatientes de las Farc que están en las montañas de Colombia se pide una amplía y generosa amnistía, una especie de borrón y cuenta nueva para su reingreso a la sociedad. Aquí habrá una verificación para determinar que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, sexuales o genocidio.
Según lo que se está evaluando en la mesa, para los comandantes e integrantes del secretariado la situación será diferente. Ellos irán a la Jurisdicción Especial para la Paz en donde aplicará la justicia restaurativa, y no punitiva, de acuerdo a la verdad que cuenten sobre los delitos cometidos en el tiempo de guerra en el país. La sala de amnistía de la JEP determinará culpabilidades y la pena que se aplicará.
La tradición jurídica en Colombia que se basa en el protocolo de Ginebra, permite que al final de las hostilidades haya una amnistía, razón por la cual aquellos guerrilleros que estén condenados por delitos políticos y conexos podrán ser beneficiados con el indulto.
Pero después del plebiscito, en caso de ser aprobado, al Congreso llegará un proyecto de ley de autoría del Gobierno para reglamentar la amnistía y allí se definirá si el narcotráfico podría ser conexo al delito político, siempre y cuando haya sido fuente de financiación para el sostenimiento de las unidades guerrilleras y no para enriquecimiento personal.
Lo cierto es que la discusión está en la mesa y aunque hay avances significativos, el Gobierno prefiere tener cifras exactas antes de otorgar el beneficio. Este martes los negociadores seguirán definiendo cuándo entrará a operar la amnistía y definiendo los protocolos para su vigencia.
Ese mismo viernes 5 de agosto, Humberto de La Calle aseguró que se estaba “trabajando para definir los criterios de inclusión y exclusión, en la delegación hay actividad sobre ese tema para definir las características que constituyan un proyecto de ley para que el Congreso lo defina (…) el Gobierno tiene que anunciar que tiene la obligación de presentar esa iniciativa”.
Este tema será anunciado solamente cuando haya un cierre definitivo del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, y no antes como se ha venido especulando.
