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Esta recusación buscaba que se apartara del debate constitucional sobre el blindaje jurídico de los acuerdos de paz o el acto legislativo 02 de 2017.
La Corte consideró que la recusación no tuvo suficientes argumentos para apartar a la magistrada del debate. Ramírez decía que Pardo no debía participar en el estudio debido a que previamente habría lanzado conceptos sobre los acuerdos de paz siendo secretaria jurídica del presiente Santos y asesora en materia legal sobre la creación de los decretos de paz.
El acto legislativo 02 de 2017 establece que los tres periodos presidencias siguientes después de la firma, están sujetos a preservar los contenidos y principios del Acuerdo Final.
"Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final".
