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La Defensoría del Pueblo hizo un urgente llamado al Gobierno Nacional para que, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se les garantice a las madres comunitarias sus derechos en materia de acceso al trabajo, a la salud y la seguridad social, dado el incremento de las protestas de estas mujeres en varias regiones del país.
En diálogo permanente mantenido con lideresas de las madres comunitarias, la Defensoría ha recibido información relacionada con diversas problemáticas que enfrenta el programa, particularmente en lo relacionado con el tipo de vinculación de las madres comunitarias con el ICBF.
De la misma forma, la Defensoría del Pueblo ha venido manteniendo reuniones periódicas con el ICBF, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría, para establecer rutas de acción que permitan ofrecer soluciones a los reclamos de las madres comunitarias relacionados con las garantías de sus derechos.
Desde la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo se recomendó a las diferentes entidades competentes considerar el otorgamiento de mejores condiciones en asuntos de seguridad laboral y pensional a estas trabajadoras.
Por último, reiteró que la Defensoría continuará haciendo el acompañamiento respectivo a las asociaciones de madres comunitarias y sirviendo de puente con las diferentes entidades del Estado para lograr la garantía de los derechos de estas mujeres, que cumplen con la tarea de brindar cuidado a los niños y niñas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
