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Un vehemente pronunciamiento realizó el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, sobre el manejo que se le ha dado en el país a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Según Carrillo, "los Planes de Ordenamiento Territorial se convirtieron en motores de corrupción".
El jefe del Ministerio Público advirtió que la presencia del Estado es más débil en las regiones y que por esta razón "es tan importante que las batallas que demos, las demos desde los territorios".
"La amenaza más grande que tiene la descentralización, es precisamente la corrupción, por falta de capacidad institucional para manejar las políticas públicas, los recursos, ser efectivos y mostrar resultados", sostuvo Carrillo.
Afirmó además que el nuevo enemigo de la democracia ya no porta fusiles, sino que "son los funcionarios públicos y privados que cargan morrales llenos de coimas".
Así mismo, manifestó que el flagelo de la corrupción se ha sofisticado y se ha metido en sectores como la salud, la educación y el medio ambiente y lamentó que "buena parte de nuestros ríos están contaminados por actividades de corrupción y de minería ilegal".
El jefe del ente de control dijo que busca recuperar la confianza de los ciudadanos y reafirmar que por la vía de la institucionalidad se van a lograr los cambios.
Carrillo recordó que ningún país de América Latina ha salido adelante después de golpes tan grandes como los sufridos en Colombia.
"Nos cayeron las plagas del narcotráfico, del crimen organizado, del paramilitarismo, pero la regla general de la respuesta en Colombia ha sido tratar de arreglar esos problemas por la vía de la democracia".
Carrillo Flórez indicó que la solución al flagelo de la corrupción no está por fuera de las instituciones, y que Venezuela es un ejemplo de que esa no es la salida.
Investigaciones
La Fiscalía adelanta una cruzada a nivel nacional con el fin de investigar y judicializar a los dirigentes políticos, funcionarios y particulares que estarían involucrados con la posible comisión de delitos por irregularidades en el manejo de los POT en diferentes regiones del país.
Dentro de las zonas del país en la mira de las autoridades se encuentran los municipios de Mosquera -que originó el anuncio de imputación al exalcalde Luis Álvaro Rincón-, Tocancipa, Facatativá, La Calera, Chía, Soacha y Funza en Cundinamarca; Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta en Santander; y Villavicencio, Acacías y Restrepo en el Meta.
En desarrollo de las 31 investigaciones que sigue la Fiscalía, los investigadores analizan documentación y otra serie de elementos técnicos relacionados con la vigencia entre 2008 y el 2015.
Los fiscales investigan en estos casos el denominado "volteo de tierras", que consiste en comprar predios rurales cercanos al casco urbano para luego incluirlos en zonas de expansión urbana, manipulando el POT.
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